De refugiados a personas sin hogar: la complejidad del acceso a la vivienda para los solicitantes de protección internacional
La llegada de migrantes tiene sin duda un impacto en la red de sinhogarismo en nuestras ciudades. Según datos del Observatorio Europeo del Sinhogarismo (EOH), en gran parte de los países europeos el número de personas de origen migrante ha aumentado, incluyendo en la categoría de migrantes a personas en situación administrativa irregular, solicitantes de protección internacional, personas originarias de países miembros de la Unión Europa o migrantes económicos. En algunos países como Francia e Italia la mitad de las personas que duermen en la calle o en albergues para personas sin hogar, son migrantes.
(1)
Con la entrada del Aquarius y el Open Arms a nuestras costas, la llamada crisis de los refugiados vuelve a la agenda política y mediática. Buena parte de las personas desembarcadas proceden de países donde se violan los Derechos Humanos sistemáticamente, por lo que es muy probable que soliciten protección internacional.
Según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) (2), España recibió el año pasado 31.120 solicitudes de asilo, de las cuales 595 alcanzaron el estatuto de refugiado. Un 35% recibieron otras formas de protección internacional, la mitad que en el año 2016. España se sitúa así por debajo de la media europea, que otorga algún tipo de protección internacional al 45% de los demandantes. El resto fueron denegadas, quedando los solicitantes en situación administrativa irregular.
Aunque el número de solicitudes pueda parecer alto, éste representa tan sólo el 4% de todas las que se cursan en Europa, quedando España muy por debajo de países como Alemania, que en el 2017 recibió 222.560 solicitudes, Italia que recibió 128.850 o Francia que tuvo 98.635.
Las personas solicitantes de Protección Internacional en España se incorporan al sistema de acogida e integración que prevé la Ley de Asilo, desde donde se garantizan los servicios que se consideran necesarios para su inclusión e integración, tales como vivienda, cobertura de las necesidades básicas, aprendizaje del idioma si es necesario y acompañamiento. El sistema de acogida consta de tres fases, con una duración de 6 meses cada una o 9 meses si se justifican situaciones de especial vulnerabilidad.
La primera fase, llamada fase de acogida temporal, empieza cuando se formaliza la solicitud de asilo ya sea en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), en las oficinas de extranjería o en las comisarías de policía autorizadas. En ocasiones las esperas para formalizar la solicitud de protección internacional se pueden demorar mucho tiempo. La media de espera el año pasado fue de 5 meses. Durante ese tiempo las personas quedan en una situación extremadamente vulnerable y acaban siendo atendidas por entidades y servicios sociales que ofrecen soluciones de emergencia. Para evitar que las personas solicitantes acaben durmiendo en la calle, se las aloja en albergues para personas sin hogar
. En el caso de las familias se suelen buscar alojamientos de emergencia en pensiones u hostales.
Una vez incorporados en la fase de acogida temporal, los solicitantes son trasladados a los centros o piso de acogida que existen en el territorio mientras se resuelve su situación legal. Durante ese tiempo las personas disponen de alojamiento, necesidades básicas cubiertas, acompañamiento para el aprendizaje del idioma, formación y seguimiento médico y psicológico si fuera necesario.
Pasados 6 meses de su entrada, deben incorporarse a lo que se llama la fase de integración. En esta segunda fase las personas reciben ayuda para pagar 6 meses de alquiler y la fianza, gastos de comida y necesidades básicas, pero deben encontrar un piso o habitación de alquiler.
Y es justo aquí donde las personas se tienen que enfrentar al mercado privado de la vivienda donde en ciudades como Barcelona es cada vez más salvaje. A los desorbitados precios, los solicitantes sufren dificultades añadidas que tienen que ver con las barreras idiomáticas, el desconocimiento del marco legislativo del mercado inmobiliario, las tecnologías de búsqueda de vivienda, la falta de avales o de cartas de recomendación de antiguos propietarios y la ausencia de nóminas que poder mostrar. Por todo ello estas personas quedan expuestas a las exigencias abusivas por parte de especuladores, propietarios y agencias inmobiliarias, así como al rechazo que experimentan sistemáticamente por el hecho de ser extranjeras y racializadas.
Las personas que por las razones expuestas no acceden al mercado de la vivienda, quedan en situación de exclusión residencial y son acogidas por los equipamientos para personas sin hogar de los municipios o pasan a aumentar el número de personas que viven y pernoctan en la calle.
En lo que respecta al mercado laboral ser extranjero, no conocer bien el idioma, y no poder convalidar los títulos académicos del país de origen, abocan a las personas solicitantes a empleos excluyentes, temporales, precarios y de baja cualificación que llevan a estas personas a lo que ya se conoce como poor workers, o lo que es lo mismo, trabajadores pobres que se ven obligados a vivir en albergues para personas sin hogar, infraviviendas, viviendas ocupadas o cualquiera de las categorías de exclusión residencial definidas por ETHOS. (3)
Tanto el alto número de denegaciones, como las dificultades de acceso al empleo y a la vivienda de las personas cuyas solicitudes son aceptadas, sitúa a las personas solicitantes de protección en una situación de extrema vulnerabilidad social y de riesgo de sinhogarismo. En ciudades como Berlín se estima que hay unas 6.000 personas que duermen diariamente en la calle, la mitad de ellas procedentes de trayectorias migratorias complicadas. En Francia e Italia se estima que la mitad de personas sin hogar son también de origen extranjero, entre las que se incluyen a solicitantes de protección internacional y solicitantes cuya petición ha sido denegada.
Los gestos de solidaridad que la sociedad muestra hacia las personas que llegan huyendo de sus países son necesarios, pero deben ir acompañados de la prolongación en el tiempo del compromiso social, político e institucional
. Es nuestro deber no dejar que las personas queden desprotegidas en alta mar, pero tampoco cuando llevan unos meses en tierra.